En un hecho sin precedentes en el estado de Colima, un exfuncionario del gobierno podría enfrentar un proceso judicial por el presunto uso indebido de más de 70 millones de pesos. Carlos Noriega García, quien ocupó el cargo de secretario de Planeación y Finanzas durante la administración del exgobernador José Ignacio Peralta Sánchez, se encuentra bajo la lupa de la justicia y se espera que sea vinculado a proceso en los próximos 5 días.
La jueza Rocío Alejandra Guedea León, perteneciente a la Sala 2 de Juicios Orales del Primer Partido Judicial de Colima, informó que más de 17 dependencias gubernamentales resultaron afectadas por estas acciones ilegales. Durante un periodo de un mes, específicamente en noviembre de 2020, se realizaron más de 31 transferencias bancarias que habrían perjudicado las arcas estatales.
La Fiscalía Anticorrupción ha presentado todos los elementos de prueba necesarios para sustentar las acusaciones contra el exfuncionario. Se espera que la vinculación a proceso sea declarada en los próximos días, lo que implicaría que Noriega García deberá enfrentar las consecuencias legales por los delitos de peculado y uso indebido de servicio público.
Es importante recordar que las acusaciones contra el exsecretario de Planeación y Finanzas están relacionadas con su presunta participación en el manejo irregular de los recursos destinados a los pensionados del estado. Se le señala por realizar movimientos de una cuenta bancaria a otra sin autorización, lo cual constituye un grave delito que atenta contra la confianza y la correcta administración de los recursos públicos.
Este caso representa un hito en la lucha contra la corrupción en Colima y envía un claro mensaje de que ningún funcionario público está por encima de la ley. La sociedad colimense espera que se haga justicia y que aquellos que han cometido actos ilícitos sean debidamente sancionados, con el objetivo de recuperar la confianza en las instituciones y salvaguardar el patrimonio del estado. Las autoridades competentes deben actuar con transparencia y diligencia para esclarecer los hechos y garantizar que prevalezca el Estado de derecho.
